Además de ser obligada a cumplir con encuentros sexuales pactados por sus captores, la joven debía limpiar la casa y cuidar los hijos de los acusados. Así lo hizo por más de 7 años hasta que un cliente se percató de su discapacidad y denunció el hecho.
El caso salió a luz el viernes pasado, a instancia de una acusación presentada por el fiscal general Eduardo José Villalba ante el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, quien hizo lugar a la imputación planteada contra una pareja por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El magistrado, también a pedido de la fiscalía, dispuso la prisión preventiva de las dos personas acusadas, quienes fueron detenidas el jueves 14 de octubre a raíz de dos allanamientos realizados en el marco del caso, uno de ellos en su vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad.
Al presentar el caso, la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó al juez que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por un cliente de los servicios sexuales, quien reveló que una joven víctima padecía una discapacidad, razón por la cual indagó sobre su situación de vida. Así, dijo, pudo conocer que era explotada por una mujer nombrada como “la madrina”, quien utilizaba como factor de sometimiento una supuesta deuda de la víctima.
Teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad que padecía la joven, el cliente se presentó en el Polo Integral de la Mujer, organismo provincial de asistencia a las mujeres víctimas, donde denunció lo sucedido. El caso fue remitido a la Unidad Fiscal Salta.
“La denuncia se hizo el 29 de junio pasado, lo que motivó no sólo el inicio de las actuaciones penales del caso, sino también una serie de medidas de asistencia y contención hacia la víctima, lo que se articuló junto al Polo de la Mujer, la Defensoría General de la Víctima y la Unidad Fiscal Salta”, explicó Gual.
La joven era obligada a realizar servicios sexuales a clientes que se contactaban primero con los acusados, quienes publicitaban a la joven en un sitio web de “encuentros sexuales”. Esta situación, según resaltó, data desde el año 2013 y pudo extenderse en el tiempo debido al extremo estado de vulnerabilidad de la víctima, quien padece un retraso madurativo moderado.
En hoteles
Gual destacó que la joven era trasladada hasta los lugares donde se realizaban las citas “score”, lo cual sucedía en distintos hoteles de la ciudad, tanto en el micro como el macrocentro y hasta en la vecina provincia de Jujuy. Además, era controlada mediante llamados a un teléfono celular que le proveían, tomándole el tiempo que debía durar cada encuentro.
También se pudo establecer que por un mes fue explotada en Santa Cruz, Bolivia. Sobre cómo fue captada, la joven relató que, a poco de llegar, conoció a las personas acusadas, quienes le ofrecieron trabajo como niñera, pero a los meses la obligaron a cumplir con los servicios sexuales.
Los dos acusados quedaron
detenidos con prisión preventiva
En su pedido, el fiscal Villalba requirió también la prisión preventiva de los acusados, dada la gravedad del caso, la naturaleza de los hechos, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento en el que los imputados podrían incurrir en caso de quedar en libertad provisoria.
Resaltó las distintas aristas de la investigación. “Este es el primer caso que traemos en el cual se advierte penosamente la gran extensión en el tiempo de sometimiento por parte de los acusados. Por siete años, la víctima sufrió y padeció a manos de los acusados, quienes prácticamente la cosificaron”, afirmó.
Destacó los esfuerzos realizados por los profesionales, tanto de la Unidad Fiscal como de la Defensoría General de la Víctima y el mismo Polo Integral de la Mujer, para asistir y contener a la joven, quien aún se encuentra aterrada por las posibles represalias de la pareja.
Intento de contacto
En ese sentido, informó que, mediante terceros, los acusados intentaron tener contacto con la víctima, situación que refuerza su pedido de prisión preventiva, más allá de que el mismo delito imputado prevé una escala penal elevada que imposibilitaría una condena de ejecución condicional. Por último, recordó el compromiso del Estado Nacional de perseguir el delito de trata de personas, el cual fue asumido mediante tratados internacionales.
La defensa de los acusados, en tanto, trató de minimizar los hechos y rechazó cualquier posibilidad de entorpecimiento por parte de sus defendidos, de quienes resaltó la falta de antecedentes penales y su comportamiento tras su detención. En base a estos argumentos, la defensa solicitó como primera medida la libertad de los acusados y, en caso de no tener respuesta favorable, el arresto domiciliario.
Al resolver, el juez Bavio coincidió en todo con el planteo de la fiscalía, por lo que dispuso la formalización del caso, la prisión preventiva de la pareja y autorizó los peritajes solicitados por la fiscalía. “Tenemos una víctima vulnerable, con miedo y que debe ser protegida, sin amenazas”, reconoció el juez, quien también se mostró impactado por “una explotación tan prolongada de más de 7 años”.
