Como resultado de una serie de procedimientos dirigidos por la Unidad Fiscal Federal, la fiscal federal subrogante Paula Gallo imputó el delito de transporte de estupefacientes a tres personas detenidas el 7 de junio pasado por traficar droga a través de encomiendas.
La acusación penal se realizó ante la jueza federal de Garantías N° 2 Mariela Giménez. La fiscal solicitó la imputación de una pareja oriunda de Bolivia y un remisero de Buenos Aires por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. Su pedido fue aceptado por la jueza, quien también hizo lugar al planteo de prisión preventiva para los tres acusados, aunque respecto al conductor dispuso que el cumplimiento sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.
También se autorizó el plazo de investigación por 60 días, al igual que una serie de pericias pendientes y otras diligencias investigativas requeridas a fin de esclarecer el complejo entramado desplegado, cuyo único objetivo afirmó la fiscal - apunta a lograr la impunidad.
La defensa pública, que representó a los tres acusados, no objetó la acusación ni la prisión preventiva de la pareja, aunque sí solicitó el sobreseimiento del chofer y exigió la libertad. Sus planteos, sin embargo, no fueron convalidados por la magistrada.
Al presentar el caso, la fiscal señaló que las actuaciones se iniciaron el 30 de mayo a partir de una consulta de personal de Gendarmería Nacional, dependiente del puesto fijo El Naranjo, ubicado en la localidad de Rosario de la Frontera, en el sur provincial.
Desde ese puesto se informó que al revisar dos vehículos que transportaban 194 encomiendas observaron indicios respecto a 16 paquetes, por lo que la fiscalía solicitó al juez federal de Garantías 1 Julio Bavio la apertura correspondiente.
Sospecha
La sospecha, según lo explicado, giró en torno a la diferencia que había entre el peso y el tamaño de los paquetes, a lo que se sumó que todos ellos tenían el mismo remitente e iban a un mismo destino en Buenos Aires. En base a ello, al día siguiente, el magistrado dictó la orden para abrir dichas encomiendas.
En seis de ellas se encontraron 35 paquetes que contenían un total de 38,875 kilogramos de cocaína. A partir de este hallazgo se puso en marcha lo que se conoce como “entrega vigilada”, herramienta investigativa establecida en el artículo 193 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Tras remplazar la droga con otros elementos, los paquetes siguieron viaje a una firma transportista en Morón, donde fueron detenidos los tres acusados, los que se presentaron a retirar las encomiendas. En ese procedimiento, en tanto, se descubrió que en dicho local había otras 22 encomiendas que habían sido remitidas desde Orán por uno de los acusados.
