Están bajo sospecha funcionarios de la municipalidad salteña y hasta 26 empresas locales. El intendente Sáenz fue internado.
Una investigación judicial que involucra tanto a funcionarios públicos como a empresarios sacude el escenario político de la capital salteña. Se trata de una causa que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública y evasión tributaria mediante el uso de facturas apócrifas, que tiene en la mira a altos funcionarios de la capital de esa provincia que responden al intendente Gustavo Sáenz, internado de urgencia ayer por una arritmia. Por ahora el juez federal Julio Bavio se declaró parcialmente incompetente y dejó en manos de la Justicia local los presuntos delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y violación de los deberes de funcionario público. “La investigación es un todo, si uno parcela la investigación y la convierte en recipientes estancos no arroja el resultado total”, aseveró el fiscal Carlos Amad –quien se encuentra reemplazando por algunos días a su par Ricardo Toranzos–, al tiempo que adelantó que la resolución de Bavio, que divide en dos la causa, será apelada.
“No es correcto que se escinda la causa, porque es un mismo hecho”, apuntó Amad en declaraciones radiales, cuestionando la resolución publicada el pasado 9 de mayo, en la que Bavio estableció que “competen a la Justicia Federal los presuntos delitos en infracción a la ley penal tributaria en perjuicio del erario público nacional (ley 27.430)”, mientras que la supuesta connivencia de los funcionarios públicos municipales en estas maniobras delictivas “serán de la órbita de la Justicia provincial”.
El expediente, que se originó con una denuncia anónima presentada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fines del año pasado, indica que varios funcionarios públicos habrían participado en maniobras para defraudar a la municipalidad de Salta, la provincia y hasta la compañía Aguas del Norte. Con los primeros allanamientos en el centro municipal, realizados en enero, la investigación tomó estado público y provocó la renuncia –a fines de febrero– del secretario de Hacienda de la municipalidad capitalina, Pablo Gouffin, cuyo nombre apareció en los archivos de una de las computadoras secuestradas a Matías Huergo, dueño de las empresas Secsa, Arcadio y otras contratistas que están siendo investigadas. El empresario había borrado las planillas, pero un peritaje informático dio con supuestos pagos por $1.510.000. El lunes, Huergo se convirtió en el primer detenido de la causa y ayer prestó declaración indagatoria ante Bavio durante más de tres horas. Horas más tarde, el intendente Sáenz fue internado de urgencia por una arritmia multifactorial y, al cierre de esta edición, continuaba en observación en el sanatorio El Carmen de la capital salteña.
El escándalo recién empieza y, según señaló Amad, en la investigación “habrá más imputados”. Hasta el momento, Bavio informó que hay más de 26 empresas que, entre enero del 2017 y agosto del 2018, facturaron al municipio por más de 120 millones de pesos, y que podría existir una “asociación ilícita fiscal que opera consumando delitos de evasión tributaria agravado por el uso de facturas apócrifas”. El magistrado, en ese sentido, sostiene la hipótesis de que, en muchos casos, la utilización de los documentos truchos tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos y de particulares, “lo que encontraría asidero en las múltiples facturaciones confeccionadas en la propia sede de Hacienda Pública municipal”. Por otro lado, hace referencia al presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales hacia empresas relacionadas con Huergo.
