Gandía y La Casona de la Linda estarán disponibles para lucharcontra el coronavirus.
Gandía, uno de los hoteles incautados, ayer estaba custodiado por un policía. Jan Touzeau La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó que los hoteles "Gandía" y "La Casona de la Linda", de la ciudad, sean usados para combatir el avance del coronavirus. Las propiedades forman parte de los bienes incautados al "Clan Loza" en una causa por narcotráfico con alcance internacional.
La medida fue tomada a raíz del pedido que realizó el gobierno provincial ante el organismo nacional. Aseguran que esta es la primera cesión de las que vendrán, tras el pedido expreso del presidente Alberto Fernández de poner a disposición las propiedades embargadas en causas por corrupción o crimen organizado.
Desde el Gobierno nacional resaltaron que al pedido lo hizo el gobernador Gustavo Sáenz, y que ambos hospedajes se sumarán a los espacios que se están acondicionando para la atención sanitaria. Hasta el momento se designó al hospital Papa Francisco de la zona sudeste y a los hospitales Militar y Señor del Milagro.
El hotel "Gandía" está ubicado en Corrientes al 100 y tiene 21 habitaciones. Mientras que "La Casona de la Linda" está en Córdoba al 500 y cuenta con 15 habitaciones, un estacionamiento y un salón comedor.
Serán destinados a "albergar a extranjeros o argentinos que provengan de países en riesgo", precisó a El Tribuno Martín Cosentino Moreto, presidente de la AABE. El pedido del Ejecutivo provincial llegó casi a la par que la AABE tomó posesión de los inmuebles, mediante una mesa de trabajo que integró Cosentino junto al fiscal Diego Iglesias, titular de Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y al juez Pablo Yadarola, que investigó a los Loza. Yadarola tiene también a su cargo la causa de "la valija de Antonini Wilson".
"Comenzamos a trabajar una agenda con todos los bienes que tiene el "Clan Loza" y surgió esta medida de urgencia", señaló Cosentino. El funcionario explicó que esta es la primera cesión que se hará de bienes incautados bajo el decreto 62/2019 de extinción de dominio, decreto de necesidad y urgencia emitido por el expresidente Macri. "El presidente y el jefe de Gabinete pidieron que aportemos todo lo que podamos aportar contra esta terrible pandemia", aseveró.
Por lo que ya se encuentran analizando las propiedades que puedan ser acondicionadas para la atención de la pandemia que, al igual que la administración de bienes embargados bajo la extinción de dominio, son condiciones nuevas para la AABE. "No era algo que teníamos en la cabeza. Esta es una situación particular porque son hoteles que ya están montados", señaló.
Las propiedades forman parte de los 65 muebles e inmuebles embargados al "Clan Loza" que alcanzan un valor de $800 millones. Incluye inmuebles en Puerto Madero, Mar del Plata, Pinamar, cocheras en Capital, camionetas, camiones, maquinarias pesadas, auto de lujos y deportivos entre los que se encuentra un Pontiac, un Camaro y dos Ferraris, una de las cuales perteneció a DIEGO MARADONA.
El embargo fue el primero fallo judicial que se realizó bajo la extinción de dominio por una medida cautelar dictada por el juez en lo Civil y Comercial 10, Marcelo Bruno Do Santos.
El "Clan Loza" estaba comandado por Gonzalo Loza, de 51 años y Erwin Raúl Loza de 32. La investigación comenzó con la detección de lavado de dinero por más de $30 millones y de la investigación que el juez Yadarola llevó a cabo durante ocho años. El juez investigó a los hermanos como parte de un cartel internacional sospechado de enviar cargamentos de cocaína a España e Italia.
Frenaron las actividades en dos mineras de la Puna salteña
Pese al decreto nacional, los trabajadores seguían prestando servicio.
Policías alertan sobre violaciones a la cuarentena. J. Touzeau
Una vez que el presidente Alberto Fernández dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, quedó en manos de las fuerzas de seguridad, los fiscales federales y la Justicia la potestad para que se cumpla.
En la provincia, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en turno, atiende las consultas que a diario se reciben, especialmente de parte de la Policía provincial y Gendarmería Nacional.
En ese marco, la fiscalía tomó intervención en algunos casos puntuales, como ser la suspensión de tareas de más de 500 obreros que realizaban trabajos en dos empresas mineras ubicadas en la Puna debido que la actividad no está exceptuada; ante ello se dispusieron medidas a fin de verificar su estado de salud, se dispuso la suspensión de tareas y el traslado a sus viviendas. Para ello, se coordinaron las diligencias con la policía local de San Antonio de los Cobres.
Asimismo, se actuó con una pareja de ciudadanos húngaros que ingresaron en los últimos días y se hallaban alojados en un hotel salteño; si bien no tenían síntomas, se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el hotel en el que se encuentran alojados. También con un grupo de colombianos, quienes se hallaban parando en la casa de un ciudadano argentino, en la zona norte, pertenecientes a un equipo de fútbol local. Aunque no presentaban síntomas, se ordenó la constatación médica en un establecimiento sanitario de la zona, tras lo cual se dispuso el cumplimiento de la cuarentena.
Otra intervención se realizó en torno a la presencia de un ciudadano francés que ingresó al país el 10 de marzo y a Salta arribó el 14: fue detectado en la localidad de Cerrillos en motocicleta y pretendía dirigirse a la ciudad turística de Cafayate, de manera que la fiscalía dispuso su traslado a un hospital local para que sea examinado, se expida constancia médica y acta de compromiso por cuarentena, mientras que en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también se registró otra intervención por la presencia de un colombiano.
Sobre la actuación de la fiscalía, Toranzos explicó que se trabaja sobre protocolos que permiten la celeridad en el diligenciamiento de medidas para los casos de cuarentena y de aislamiento. Sobre ese aspecto, refirió que “lo que se busca es que las personas permanezcan en sus viviendas, para lo cual se disponen medidas para impedir la circulación y la violación de esta disposición”, y ante ello destacó la tarea “que llevan adelante la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional”.
