La mayoría de los países que integran el Grupo de Contacto, auspiciado por Europa, cuestionaron la decisión del régimen chavista. Bolivia tampoco firmó la declaración del bloque.
En medio de la zigzagueante relación diplomática con Venezuela, el Gobierno argentino le dio un aval al presidente Nicolás Maduro al ser con Bolivia los únicos países del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea (UE), que evitaron firmar un repudio a la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.
”Los siguientes miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay rechazan la decisión del régimen venezolano de declarar a la embajadora de la UE persona non grata”, indicaron en un comunicado conjunto.
Añadieron que esa declaración y la siguiente expulsión de la diplomática del país es “contraria al diálogo y al respeto que debería prevalecer en las relaciones internacionales, y solo contribuirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela”. ”Pedimos que situaciones de esta naturaleza no ocurran de nuevo y que se mantenga el espíritu de diálogo y colaboración entre el régimen venezolano y la comunidad internacional”, destacaron.
El colectivo dijo que “la única salida a la crisis venezolana es mediante la reanudación de las negociaciones políticas y el restablecimiento del diálogo entre las partes y la organización de elecciones creíbles y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes de Venezuela”.
La última embajadora de la Unión Europea en tierras venezolanas, Isabel Brilhante Pedrosa, abandonó el martes Caracas, tres días después de que venciera el plazo que le dio el Gobierno de Maduro para abandonar el país y la nombrara persona non grata en respuesta a las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos.
La expulsión de Brilhante Pedrosa fue ordenada por Maduro el pasado 24 de febrero. Inicialmente, le otorgó un plazo de 72 horas para salir de Venezuela que fue prolongado hasta el martes, a pedido de la diplomática por la escasez de vuelos. En respuesta a la expulsión de su embajadora, Bruselas declaró también persona no grata a la jefa de la misión de Venezuela ante la UE, Claudia Salerno. Sin embargo, la decisión de la UE no implica la salida obligada de la diplomática venezolana de territorio comunitario porque Salerno es también la embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.
Qué es el Grupo de Contacto por Venezuela
Se trata de un bloque que busca y explora soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos. La Argentina se sumó al Grupo en agosto del 2020 y en un comunicado Cancillería resaltó que el país “está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor del GIC, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive ese país sudamericano”.
Alberto Fernández y una postura intermedia que desató odios
El vínculo entre la administración de Alberto Fernández y el régimen de Maduro quedó atravesado por las idas y vueltas diplomáticas. El titular de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, insiste siempre que puede con sus ataques contra el presidente argentino: acusándolo de “tibio pa’ frío” y hasta insultándolo por la presunta “falta de solidaridad” con el palacio de Miraflores.
El principal detonante fue la firma que la Argentina estampó apoyando el informe de la ONU sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. El apoyo se había producido tras el malestar del Presidente con Carlos Raimundi, representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que previamente había rechazado el trabajo del organismo internacional sobre represión ilegal en el país que conduce Maduro.
En ese momento, el canciller Felipe Solá había ratificado también el rechazo de la Argentina a los bloqueos y sanciones económicas impuestas contra el régimen chavista.
A principios de enero, el Gobierno envió a un funcionario de la embajada argentina en Venezuela a la asunción de los legisladores afines al régimen de Maduro electos en los cuestionados comicios del 6 de diciembre y en medio de críticas por parte de la oposición. La Argentina fue parte de la veintena de países que mandaron a sus representantes diplomáticos al acto de asunción de la Asamblea Nacional, que constituye uno de los ejes de la grave crisis institucional que sufre ese país.
Ese gesto diplomático había sido precedido por la abstención en la Organización de los Estados Americanos (OEA) de votar la resolución que desconocía los resultados de las elecciones que se llevaron adelante en Venezuela. La OEA había aprobado un escrito rechazando las elecciones parlamentarias encabezadas por Maduro en Venezuela, que fueron cuestionadas por la oposición, por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.
Otro de los “lunares” del vínculo con Venezuela surgió a partir de la intención del régimen bolivariano de regresar al Mercosur. El chavismo siempre esperó una señal, en ese sentido, de Alberto Fernández. Sin embargo, el presidente argentino pidió la inclusión de Bolivia como miembro pleno, pero no de Caracas. Venezuela había sido incorporada en 2012 como miembro pleno en una decisión política sin demasiados análisis técnicos, y fue suspendida del bloque de manera en 2017 por hechos ligados a las violaciones a los derechos humanos.
Hasta ahora, la Casa Rosada optó por mantener una postura intermedia entre la no injerencia en los asuntos internos de otros países y el reconocimiento del informe elaborado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
