Fue detenida el sábado por por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo y trasladada a la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz.
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se declaró en huelga de hambre tras ser detenida y encarcelada de manera preventiva por seis meses por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la crisis postelectoral de 2019.
Áñez también estaría deprimida, según reveló la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, después de visitar a la exmandataria en la cárcel de mujeres de Obrajes, donde ingresó el pasado lunes.
Según contó Carvajal, Áñez “está en huelga de hambre. No quiere luchar. Tiene una depresión muy fuerte, profunda. Nadie pudo visitarla, ni sus familiares, sólo su abogado”, indicó el diario local Los Tiempos. Áñez reiteraba una y otra vez que “quiere morirse”, según contó la activista. “¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir?”, le dijo.
Carvajal ha visitado el establecimiento penitenciario junto a una delegación de la Defensoría del Pueblo tras la negativa de las autoridades de la prisión a autorizar la hospitalización de la expresidenta, cuyos familiares denunciaron que presenta problemas de hipertensión y depresión y sufrió una descompensación el miércoles.
Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de violentas protestas sociales de opositores que lo acusaron de fraude electoral y tras un llamado del a Policía y las Fuerzas Armadas para que diera un paso al costado . El mandatario denunció enseguida ser víctima de un “golpe de Estado” y estuvo exiliado en México y la Argentina durante casi un año, hasta la victoria de su delfín Luis Arce en las elecciones de 2020.
Marcha de opositores a favor de Jeanine Añez en la ciudad boliviana de Santa Cruz. (Foto: AFP/Rodrigo Urzagasti) Las detenciones de Áñez y varios de sus exministros generaron protestas esta semana entre los defensores de la expresidenta derechista en varias ciudades del país andino, principalmente en Santa Cruz. También reacciones en el ámbito internacional, como de la secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La oficina de Luis Almagro dijo que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo” y pidió la liberación de los detenidos.
La cancillería boliviana consideró las declaraciones de Almagro como “provocaciones malintencionadas”, que “pretenden favorecer a los intereses particulares y políticos que representa”. Y agregó que el secretario general “no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019”.
Según el Evo Morales y su partido, el MAS, el informe de una misión de observación electoral de la OEA, que dijo haber hallado irregularidades en los comicios de octubre de 2019, fue parte de un complot contra el entonces mandatario indígena. El informe de la OEA fue también muy criticado por universidades de prestigio como el MIT de Estados Unidos.
