La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su repudio a la agresión sufrida por el abogado David Leiva, en el ingreso a Ciudad Judicial. El documento fue entregado al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano. A la investigación penal la lleva adelante el fiscal penal 1, Pablo Paz.
El documento, firmado por María Elena Naddeo, Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que nació en 1975, a partir del encuentro de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebre de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país, expresa lo siguiente:
Señor Presidente de la Corte de Justicia de Salta Dr. Guillermo Alberto Catalano
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), representada en este acto por sus copresidentes María Elena Naddeo, Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, se dirige a Usted, y por su intermedio a los demás magistrados que integran la Corte de Justicia de Salta, a fin de manifestar su total solidaridad con David Leiva quien fuera víctima de una agresión por parte del personal de seguridad privada en la ciudad judicial de Salta.
El 10 de diciembre de 2020, el nombrado fue agredido de mala manera cuando intentaba ingresar a la ciudad judicial a realizar trámites. Tras un intercambio de palabras fue sacado por la fuerza, a empujones y con golpes de puño por el personal de seguridad privada de la empresa “Guardián SRL”.
El episodio también fue observado por personal policial de Salta que en vez de interceder para frenar la agresión intentó llevarlo detenido a Leiva. Como consecuencia, sufrió lesiones en su muñeca izquierda, problemas con su presión arterial y glucosa, además de la rotura de objetos personales.
APDH manifiesta su repudio a la agresión sufrida por David Leiva, abogado reconocido querellante en las causas federales por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, insta a las autoridades competentes a investigar la autoría de estas prácticas y a revisar la concesión de las empresas que deben estar a cargo del cuidado de la ciudad judicial.
