El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo recibió a la diputada provincial Mónica Juárez y autoridades del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Prof. Afines y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quienes expresaron la necesidad de mejorar los mecanismos de control y sanción del ejercicio ilegal de la profesión en esos ámbitos.
Durante el encuentro, la presidenta del COPAIPA, Marianela Ibarra y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Juan Martín Biella, compartieron información sobre irregularidades e ilícitos que se denuncian en ambas instituciones y las formas posibles de endurecer las sanciones vigentes.
La legisladora Mónica Juárez consideró que al tratarse de “casos muy complejos, -los que involucran a falsos profesionales y que incurren en el delito de falsificación de instrumentos públicos-, la situación obliga a pensar en endurecer la legislación y sus sanciones”.
Entre los delitos más denunciados en los colegios profesionales, se encuentran el ejercicio ilegal de la profesión, las estafas, ventas falsas y loteos inexistentes.
Juárez se comprometió a avanzar en la presentación de un proyecto de ley que endurezca las sanciones al ejercicio ilegal en la provincia. El delito está tipificado en el art. 247 del Código Penal y prevé pena de prisión, con un mínimo de quince días y máximo de un año, a quienes ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer título o la autorización correspondiente.
Por su parte, Biella aseguró que la intención es que a través de la modificación de la ley, se combatan mejor las posibles estafas y que esa ley –ya vigente-, sea adecuada bajo el consenso y posible aplicación de todos los colegios. Al mismo tiempo, el representante de los corredores inmobiliarios destacó la necesidad de poner en funcionamiento la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre de 2019. Es que según el profesional, la mayoría de las estafas se cometen a través de redes sociales. “La protección no será solo para los profesionales, sino especialmente para los ciudadanos que requieren servicios y quienes son potenciales víctimas”, advirtió Biella.
Los presentes apuntaron a la necesidad de acordar las herramientas para mejorar el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión, a través de procedimientos que agilicen el camino entre la denuncia radicada en los colegios y la investigación de las Fiscalías intervinientes. Dichos procedimientos quedarían plasmados en un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y los colegios profesionales implicados.
Participaron en la reunión también los asesores de los colegios Natalia Ruiz y Carlos Cabezas.
