La Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta se reúne los viernes, vía remota. Esta semana contarán con el aporte de especialistas del CIF y de la UBA, que expondrán sobre las necesidades procesales para el tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y la proyección de una futura reforma de ese ordenamiento legal.
El cronograma de consultas a especialistas en ciberdelitos fue elaborado por la Comisión de Reforma que coordina la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo y que es asesorada legal y técnicamente por el abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt. La Comisión de Reforma, que eleva quincenalmente a la Procuración General los avances del proyecto, está integrada también por el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming y representantes de universidades.
Este viernes, el nuevo encuentro contará con las exposiciones del director del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Dávila; el ingeniero Eduardo Mauricio Guaimás, del Gabinete Informático Forense del CIF y especialistas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Próximamente, serán convocados distintos fiscales, quienes también expondrán sobre medios de prueba y a partir de su experiencia, acerca del enfoque legal sobre el cual debería avanzarse para el necesario cambio de paradigma del proceso penal en el tratamiento de la prueba en investigaciones penales.
En ese marco, el procurador Abel Cornejo recordó la necesidad de actualizar la regulación actual, a la luz de los lineamientos previstos en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado en Budapest en el año 2001 y del cual Argentina forma parte.
Y precisó que la evidencia digital ya no se restringe a delitos específicos porque la dinámica social y tecnológica, amplió el concepto de los crímenes informáticos. “La prueba informática se incluirá en la investigación de cualquier conducta delictiva y en todos los casos va a ser necesaria la evidencia digital, más la consecuente modificación normativa para no perderla y poder someterla a todo el proceso investigativo”, ratificó Cornejo.
