La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizó distintos aportes al Ministerio Público Fiscal, destinados a institucionalizar la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Aspiran a generar un sistema que identifique problemáticas puntuales y que éstas, sean abordadas por Nación, Provincia y Municipios.
El procurador general Abel Cornejo, recibió al secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Ángel Gómez; al coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría, Ignacio Garzarón y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, con quienes intercambió posiciones referidas al abordaje de conflictos con la tierra y la vivienda.
En el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, la Secretaría proyecta articular con distintas órbitas del Estado nacional, para llevar adelante políticas públicas en los territorios. “No solo pensamos en la tierra y en la permanencia de sus habitantes, sino en el acceso y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, con viviendas, infraestructura y energía”, explicó Castillo, quien destacó la posibilidad que abre la Mesa, de “generar una sinergia, para identificar problemáticas y abordarlas entre Nación, Provincia y Municipios”.
En ese marco, los funcionarios insistieron en reforzar la política de arraigo, la elaboración de un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad y la necesaria capacitación de efectores del Ministerio Público Fiscal, con respecto de las normativas referidas a la ocupación de la tierra y los desalojos.
“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para contar con un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo. También reiteró que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.
Están vigentes la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).
En Salta, rigen las leyes provinciales 7658, de regularización dominial, y la N° 7789, denominada “Ley Felipe Burgos”, de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar en el territorio de la provincia de Salta.
La generación de políticas públicas a través de la Mesa, -que se reunirá próximamente y de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes-, servirá para atender conflictos en espacios urbanos, campesinos y con comunidades originarias.
