La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Héctor Gustavo Suárez y el oficial principal Elber Enzo Burgos, acusados de los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal.
La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien expresó que el sábado 17 de octubre de 2020, se presentó en la esquina de la peatonal Alberdi y calle Urquiza, cerca de las 18:30, para visitar a su beba de 6 meses, ya que se había separado de la madre de la niña.
En su relato, el denunciante sostuvo que la mujer le entregó a la beba y cruzó al frente. Minutos después, estaba sentado en la puerta de un hotel junto a la niña, cuando de repente, la mujer volvió acompañada de policías, quienes le dijeron que debía devolver a la beba a su madre porque el denunciante tenía una medida cautelar de no acercarse a la bebé y la expareja.
La víctima dijo que desconocía la medida y menos que su expareja lo hubiera denunciado.
Relató que el oficial a cargo de la Comisaría Primera, le dio un golpe de puño que le produjo lesiones en la cara y la pérdida de un diente. Cuando el damnificado le pidió que se detuviera, el mismo policía y sus compañeros, le pegaron y lo llevaron detenido. Durante el transcurso del viaje a la comisaría, también lo golpearon.
Además, precisó que cuando lo llevaron al médico legal, le dijeron que se mantuviera callado porque sino “le iba a ir peor”, y destacó que por miedo a que lo mataran a golpes, fue obligado a mentir que se había lesionado en otro lado.
Al radicar la denuncia, el damnificado pidió que se tomaran cartas en el asunto, ya que lo perjudicaron laboral y psicológicamente. También solicitó revisación de un médico legal.
Del requerimiento surgió que los hechos fueron corroborados tras la denuncia y la declaración testimonial del damnificado, los certificados de exámenes médicos realizados por el CIF e informes de copias del libro de guardia, entre otros elementos reunidos, que dieron cuenta de la autoría de los delitos cometidos por los imputados.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que surgió con claridad que la figura endilgada pretende proteger el remanente de libertad del que dispone todo detenido, en virtud de ser sujeto de derecho, lo que atañe directamente a su dignidad como persona.
Ese derecho, como atributo de la personalidad, está asociado puntualmente a las pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional, juntamente con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en relación a la forma en que debe llevarse a cabo toda medida de encierro.
