La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite con carácter de urgente al proyecto.
El gobierno de Perú envió al Congreso un proyecto de ley por el que propone la modificación de cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.
Sobre la vacancia presidencial, el proyecto busca cambiar dos artículos, manteniendo todas las causales que contempla actualmente la carta magna, pero retirando la de incapacidad moral.
"La Presidencia de la República vaca (queda libre) por muerte del presidente; por permanente incapacidad mental o física que sea incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por lo menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso; aceptación de su renuncia por el Congreso; salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijo", propone la iniciativa.
La causal de incapacidad moral siempre fue centro de polémicas, porque es la única que no es objetivable y depende de lo que el Congreso pueda considerar como una conducta moral o inmoral del mandatario.
Esa fue el motivo invocado por el parlamento para juzgar dentro de un mismo período de gobierno a dos presidentes, Pedro Pablo Kuczynski (renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido) y Martín Vizcarra (fue cesado en noviembre de 2020).
La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite, con carácter de urgente, al proyecto que, según fuentes gubernamentales, busca fortalecer la gobernabilidad y la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En cuanto a la cuestión de confianza, el texto plantea que deje de ser requisito para la ratificación de un nuevo gabinete ministerial cuando es designado por el presidente.
La cuestión de confianza es un mecanismo de control de poderes que faculta al Ejecutivo a solicitar el respaldo del Congreso hacia un nombramiento ministerial o una política.
Actualmente, el primer ministro tiene 30 días de plazo para comparecer ante el Congreso, explicar su programa de gestión y obtener el voto de confianza. Si no lo logra, debe ser reemplazado.
Paralelamente, si el Congreso deniega su respaldo al gabinete dos veces en un mismo período de gobierno, el presidente queda facultado -no obligado- a disolver el parlamento y convocar elecciones legislativas, tal como ocurrió cuando Vizcarra lo cerró en septiembre de 2019 y llamó a comicios para enero de 2020.
El proyecto establece que la cuestión de confianza “procede en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados a la política general del gobierno, la iniciativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado” pero no su designación.
“No procede cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos”, indica.
El gobierno de Castillo también plantea que la moción de censura contra ministros de Estado y el titular del Consejo de Ministros “únicamente proceda por materias relacionadas al ejercicio del cargo”.
“El mecanismo de moción de censura no contempla ningún límite material para su ejercicio, lo que puede suscitar el uso arbitrario de este legítimo mecanismo de control político”, advierte la propuesta gubernamental.
La primera ministra Vásquez explicó a través de un video que estos mecanismos constitucionales fueron utilizados irresponsablemente en los últimos cinco años, generando consecuencias.
“La presentación de la cuestión de confianza y el proceso de vacancia por incapacidad moral ha generado momentos de gran inestabilidad”, expresó Vásquez.
El Congreso se aprestaba a debatir esta tarde un dictamen que regula la cuestión de confianza y que fue observado por el Ejecutivo, pero no el asunto de la vacancia.
