La Casa Rosada busca dejar de lado la política de ayuda estatal generalizada al consumo energético y focalizarla en los sectores vulnerables y en parte de la clase media.
El calendario electoral impuso que las tarifas de gas y electricidad subieron este año apenas por debajo del 10%, y serían las únicas de este año. La decisión hizo que el gasto público destinado a los subsidios energéticos se duplicara en julio contra el mismo mes de 2020.
Por eso, determinar cómo se llevará adelante la suba en esos servicios públicos para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el transporte y el agua potable, forma parte de una de las tantas variables de la macroeconomía que el Gobierno apunta a ajustar con el arranque de 2022 y cuando negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como informó TN.com.ar, el plan oficial apunta a tarifas diferenciadas por ingresos y otros factores, entre los que se incluyen la asistencia estatal, la propiedad o no de la vivienda y, para los usuarios comerciales e industriales el tamaño de la firma que utiliza la energía.
Desde la Casa Rosada se justificó en la última semana las demoras en poner en marcha el esquema de segmentación tarifaria -prometida por el presidente Alberto Fernández en noviembre pasado- en las dificultades por encuadrar a los usuarios y sus necesidades en un contexto de crisis económica.
“A la gente no le sobra nada, entonces no podemos equivocarnos. Seguimos con el objetivo de segmentar, pero es un trabajo que hay que hacer con tranquilidad y evitar que alguien que lo necesite quede afuera (de la asistencia)”, sostuvo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
Por estos días, en los despachos oficiales comenzó a tomar forma la idea de tres grandes categorías de usuarios para arrancar con la segmentación, consignó este domingo el diario Clarín. Las escalas se determinan de acuerdo con el nivel de ingresos, localización y asistencia estatal que reciban:
Tarifa plena. Implica un incremento de hasta 80% en las tarifas que se pagan en la actualidad para alrededor del 15% de los usuarios de los servicios de luz y gas en el AMBA, que son los que tienen mayor poder adquisitivo.
Subsidios para tarifas actualizables: la clase media, que en julio necesitó ingresos familiares por encima de $100.000 en CABA, pagaría parte del costo total de la luz y el gas que consume, en un esquema similar al que se aplica en la actualidad aunque el Gobierno busca reducirlos. En esa actualización, cuya periodicidad puede ser trimestral o semestral, se tendrá en cuenta quienes son propietarios y quienes alquilan.
Tarifa social. Jubilados, pensionados y beneficiarios de programas de asistencia estatal ,como la AUH, la tarjeta Alimentar, entre otros, tendrían incrementos nulos o por debajo del dígito, con lo que la suba en las boletas serían cubiertas por los subsidios del Estado nacional. Son más del 40% del total de usuarios de servicios públicos en el AMBA.
En la definición de la segmentación también pesará el mecanismo de actualización tarifaria. El Gobierno reforzó en reiteradas oportunidades que no seguiría más al dólar como, aseguran, sucedió con la gestión de Mauricio Macri.
Mientras delinea el Presupuesto 2022, el Ejecutivo sopesa si las tarifas seguirán a la inflación o a la evolución de los salarios, cuya mejora real seguirá como objetivo de la política oficial, según remarcó este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Una idea que acercó a la Casa Rosada hace unos meses el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apunta a que las tarifas aumenten sobre la base de la evolución de la remuneración promedio de los empleados registrados (Ripte), el indicador que se utiliza para actualizar de manera trimestral las jubilaciones y las categorías de Monotributo y Ganancias una vez por año.
El Estado paga hoy siete de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las mayores recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas productoras y transportistas, por lo que resta la actualización para el segmento de distribución. Como los costos siguen en aumento, en el sector estiman que el atraso tarifario llega al 80%, que se cubre a través de los subsidios.
