El asesor Ángel Romano hizo un estudio a partir de datos oficiales de precios de tonelada de soja y de maíz, y de rendimientos promedio.
RASGO. La producción agrícola es una actividad económica de alto riesgo: está expuesta a las condiciones climáticas.
Entre inicios de 2002 y fines del año pasado, los productores de granos del NOA transfirieron al Estado, en concepto de retenciones, unos U$S 9.000 millones. La exorbitante cifra sale del cálculo de la suma de las medias anuales de retenciones por hectárea, multiplicada por los 2 millones de hectáreas que se siembran con soja y con maíz en nuestra región. En otras palabras, vale decir que los distintos Gobiernos que administraron el país durante estos 18 años recaudaron, por derecho a la exportación de granos, unos U$S 500 millones anuales, sólo de parte de los productores del NOA. A esta conclusión arribó el asesor de productores Ángel Romano, tras un detallado estudio que realizó a partir de datos oficiales.
Romano precisó que no pretende abrir un juicio de valor sobre la forma en que Gobiernos de distinto signo político manejaron ese dinero. Por el contrario, sólo señaló que esos U$S 9.000 millones fueron a las arcas del Estado, con el objetivo de que sus administradores satisfagan necesidades del conjunto de la sociedad.
No obstante, el autor consideró que el sector productivo -en particular, el de nuestra región- debe entender el resultado de su estudio como una severa alerta. Recordó que la producción agrícola es una actividad económica de alto riesgo, porque a las contingencias inherentes a cualquier actividad de este tipo en la Argentina se le suma la exposición permanente a las condiciones climáticas. “Este rasgo hace que sus niveles de rentabilidad anual en años buenos deba ser naturalmente superior a otras actividades económicas, porque en los años malos -de producción y/o de precio- las pérdidas son superiores a los de aquellas”, explicó. Y añadió que se trata de una actividad de muy alta inversión.
Para su investigación, Romano repasó cómo fueron variando los porcentajes de las retenciones a la exportación de maíz y de soja, a lo largo de los 18 años estudiados. “En abril de 2002 pasaron de un 10% a un 20% para maíz; y de un 13,5% a un 23,5% para soja”, dijo el asesor, para destacar el primer aumento que se dio durante el período analizado.
A partir de ese momento se mantienen aquellos porcentajes hasta abril de 2007. “Ese mes se elevó a un 27,5% el aplicado a la soja; y en diciembre de ese año, se subieron a un 25% para maíz y a un 35% para soja”, indicó. A renglón seguido, recordó que antes de la próxima cosecha -“y frente a la mansedumbre del sector en advertir que estaban en una carrera que debía parar”-, la ex presidenta Cristina Fernández había intentado aplicar la Resolución 125. “Esta desencadenó una reacción que (impidió un nuevo aumento) hasta el cambio de Gobierno, y dejó planteada la injusticia y perversidad del gravamen”, dijo Romano.
Seguidamente, el asesor recordó que en diciembre de 2015 se redujo el porcentaje al 0% para maíz y a un 30% para soja; y que en ese momento comenzó un proceso de disminución gradual para la oleaginosa, que continuó hasta 2018. “En agosto de ese año se fijó un gravamen de $ 4 por dólar para la producción primaria, que se sumó al 18% de la soja”, indicó.
Romano enfatizó que todos estos porcentajes fueron aplicados en valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco). “No se debe olvidar que, entonces, que las retenciones se gravan sobre un precio mayor, porque corresponde a la mercadería ya puesta en el barco”, puntualizó.
Cálculo
Romano calcula cuánto recaudó el Estado, en dólares por hectárea, cada uno de los años analizados. Y hace esta operación por triplicado: para soja, para maíz, y para una rotación de cultivo del 67% de soja y de un 33% de maíz. A los fines prácticos, esta nota mostrará los números del último caso, debido a que resulta habitual que los productores de granos del NOA realicen una rotación de cultivos similar a la propuesta por Romano.
El autor toma el promedio del precio FOB de cada año para la tonelada del grano en cuestión, y multiplica este valor en dólares por un rinde medio de 2.500 kg/ha para la oleaginosa, y de 6.000 kg/ha para el maíz. Al valor obtenido le quita el porcentaje correspondiente al gravamen durante ese año. El resultado es el monto que el Estado recauda, en dólares por hectárea. Esto da un piso de U$S 111/ha, en 2002, y un pico de U$S 452/ha, en 2011. El total de lo recaudado por el Estado, entre 2002 y 2019, en concepto de impuestos por derecho a la exportación de soja y de maíz, asciende a U$S 4.507 por cada una de las 2 millones de hectáreas cultivadas con granos en la región NOA. De allí salen los U$S 9.000 millones.
“Cualquier productor transfirió al Estado y, por medio de este, a la sociedad, un total de dinero equivalente al valor de muchos campos de la zona. Aun cuando durante el proceso el productor haya perdido dinero; porque ese ‘detalle’ no tiene ningún valor para el Estado”, señaló Romano.
El asesor señaló que si el lugar de transferir esos U$S 4.507/ha en concepto de retenciones el campo los hubiese usado para reinvertir, seguramente la eficiencia productiva habría sido mayor o el sector habría generado reservas para superar los frecuentes momentos de dificultad financiera. “En estos últimos 18 años muchos productores desaparecieron como tales y otros cambiaron de actividad. Mucho de esto pudo evitarse sin el efecto de esta confiscación del ingreso de un sector eficiente”, afirmó.
Finalmente, expresó que no se trata de discutir si el campo se queja por el aumento de algunos puntos en las retenciones -en referencia al actual debate-. “Se debe poner justicia en el tratamiento fiscal de una actividad que ya hace muchos años se viene tratando discriminatoriamente en favor de los ingresos del Estado. Se debería tener presente el nocivo efecto de este impuesto para trabajar en disminuirlo o eliminarlo lo más rápido posible”, manifestó Romano.
