En un fallo histórico, la Justicia federal condenó por el delito de trata de personas a los dueños de un prostíbulo, como así también decomisó del inmueble en el que eran explotadas sexualmente numerosas mujeres, propiedad que podría transformarse en una dependencia policial.
La condena fue dictada a poco más de un mes de la formalización de la acusación y recayó en contra de una pareja, Rita Luna y Josué Ballón, dueños de un prostíbulo en el que más de una decena de mujeres eran explotadas sexualmente a fin de reunir una determinada suma de dinero que, cada semana, era retirada por los acusados.
Según lo informado, el 9 de diciembre pasado, el fiscal federal Eduardo Villalba había formalizado la acusación en contra de los propietarios del prostíbulo, detenidos en el marco de una investigación por el delito de trata de personas, la cual tiene a otras tres mujeres imputadas.
El lunes pasado, en tanto, la fiscalía ratificó la acusación y posteriormente se arribó a un acuerdo pleno entre las partes, el que derivó en la condena de ambos acusados, la imposición de multas y el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo.
Fue un juicio abreviado
Mediante un juicio abreviado y a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Miguel Medina condenó ayer a Luna a la pena de 4 años y 6 meses de prisión mientras su pareja deberá cumplir 3 años de prisión de ejecución condicional. Asimismo, se impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente.
El fiscal, conforme lo establece el art. 23 del Código Penal (según ley 26.842) y art. 310 del CPPF, y la Resolución PGN N° 99/09 que instruye la solicitud como medida cautelar la afectación del o los inmuebles donde se ejerciere las actividades ilícitas, requirió al magistrado el decomiso del inmueble utilizado como prostíbulo por los acusados, lo que fue concedido por el juez.
Villalba destacó la ayuda de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal, Marcelo Colombo y de las profesionales del Ministerio Público que acompañaron al equipo de la fiscalía en los allanamientos realizados, ya que su tarea fue clave para brindarles asistencia psicológica a las víctimas.
Las diligencias posteriores llevaron a la fiscalía a avanzar contra los propietarios del prostíbulo, ahora decomisado.
"La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito", había sostenido Villalba al formalizar la investigación en contra de los dueños del inmueble.
Inmueble ubicado en la zona de El Bajo
El inmueble se trata de una casa ubicada en la calle Astigueta 612, en la zona de El Bajo. Respecto al destino de esta vivienda se evalúa la posibilidad de que la misma quede bajo el ámbito de la Provincia para ser utilizada como base de una dependencia policial.
En ese sitio de la Capital salteña, a pocas cuadras del centro, se advierte a diario esta modalidad delictiva, por lo que se considera que esta sería una avanzada de la justicia para contrarrestar la oferta sexual y castigar a los proxenetas.
Villalba destacó el breve lapso en que se resolvió el caso, como así también el decomiso de la vivienda. "Estamos muy satisfechos, pues el nuevo Código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos.
Además, con esta condena hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el Estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos", indicó el fiscal.
