La jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, condenó a Enrique Alejandro López (33) a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el término de dos años para ejercer empleo o cargo público y multa de 15 mil pesos. El imputado resultó autor material y penalmente responsable del delito de concusión.
El condenado era empleado de la Dirección General de Rentas. El delito de concusión hace referencia al accionar irregular de un funcionario público quien, en uso de su cargo, exige a una persona una contribución o dádiva indebida.
El imputado deberá cumplir durante dos años las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y comunicar cualquier cambio al tribunal dentro de las 24 horas; someterse al cuidado del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados de Salta; no cometer nuevo delito, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. Todo ello con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento.
