Se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.
Esta mañana, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto al titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Marcos Bravo, recibieron a la Delegada de Región Noroeste de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Constanza Longarte, y al investigador de la Dirección Nacional de Sucesos Automotores, Carlos Párraga.
Durante el encuentro se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.
La importancia de este convenio marco radica en la concreción de políticas públicas, tendientes al mejoramiento del sistema de transporte y la elaboración de estrategias de prevención. Es sumamente importante generar estos espacios comunes de colaboración, debido a que el intercambio puede ayudar a la individualización de patrones de riesgo o circunstancias que deban corregirse, mediante la implementación de políticas públicas y medidas eficaces, destinadas a la reducción de la siniestralidad.
Cabe mencionar que la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo autárquico y técnico, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, lleva a cabo investigaciones y estudios técnicos en materia de seguridad operacional en el transporte de pasajeros y/o cargas, por los modos automotor, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo.
La ley 27514, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 17 de julio de 2019 y promulgada el 21 de agosto del mismo año, en su artículo 1°, declara de interés público nacional, la política de seguridad en el transporte, teniendo como fin brindar movilidad, garantizando la protección de las personas, de sus bienes y del ambiente en el territorio nacional; en tanto, en su artículo 4°, crea la Junta de Seguridad en el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Por su parte, la Oficina de Provincial de Incidentes Viales (OPRIV), está abocada, permanentemente, a delinear estrategias de planificación y acción, en consonancia con las políticas públicas de alcance nacional, con el objeto de disminuir la tasa de siniestralidad vial. De ahí la trascendencia que cobra la interacción y el trabajo conjunto con ambos organismos nacionales, mediante este convenio marco sobre el cual se comienza a avanzar para su concreción y posterior aplicación.
