Las y los integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, expresaron su repudio al diputado nacional por Salta, del interbloque Juntos por el Cambio, Martín Federico Grande, quien se refirió a la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, como “atorranta”.
La declaración del Legislador se produjo en el marco de una entrevista realizada por los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda, el martes 18 de mayo del corriente año, a través de FM Noticias, en la que el Diputado Nacional manifestó, entre otros conceptos, que “esa fiscal, a pesar de que yo tengo libertad de opinión, cuando yo hablé del tema Huergo, me llevó a declarar. Es una absoluta ineficiente funcionaria, que te puedo asegura que sí caza brujas y brujos, porque te lleva a declarar sin tener absolutamente nada para declarar….y por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre… yo tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar por el tema Huergo cuando en realidad es ella la que debería llevar a declarar a Huergo y a todos sus cómplices, inclusive a los que están en la Municipalidad de Salta, después del tremendo afano que hicieron el año antepasado. Preguntale a la fiscal si llevó a declarar a alguien…mirá…es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene, pero cuando tienen que averiguar lo complejo……lo único que hicieron es llevarme a declarar”; y entonces, se dirigió a uno de los periodistas al decirle “vamos viejo, haceme el favor, no pongas de ejemplo a esta fiscal, que me parece a mí, una atorranta, mirá”…
El Diputado Nacional no solo falta a la ética y demuestra su falta de formación en Derechos Humanos, de las Mujeres y en Perspectiva de Género, sino que -a pesar de ser legislador-, desconoce la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485). Una particularidad de esta ley es que aborda la violencia de género de manera integral y transversal, en línea con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de “Belem do Pará”).
Esto implica que entiende la violencia hacia las mujeres como problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. Por esto, entre los objetivos de la ley se encuentra la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. (Art. 2 punto e). Además, la ley establece diferentes tipos de violencia y modalidades, entre las cuales Grande es responsable de haber ejercido, al menos, violencia simbólica en su modalidad mediática.
Si bien puede predominar un tipo de violencia en algún caso, nunca son compartimentos estancos, ya que accionan varios tipos de violencia sobre una mujer en momentos y contextos determinados. Es lo que sucedió este martes con la Fiscala atacada públicamente por el Legislador, quien esbozó más tarde un ofrecimiento de disculpas a través de la red social Twitter, donde subestimando a sus seguidores y a la propia destinataria, publicó: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta “«atorrante» es un americanismo que significa ‘vago’, ‘holgazán’, ‘desvergonzado'” no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”, cuando con solo recurrir al buscador de Google, se puede confirmar que entre las primeras acepciones del lunfardo, “atorranta”, -cuya etimología viene de atorrante-, y se define como: “Dicho de una mujer, que da con facilidad favores sexuales, especialmente por interés, sin ser prostituta de oficio”. Para agregar, es casi una obviedad decir que el cambio de apellido de la Fiscala, mal escrito por el Diputado, no es casual y sí una forma de atacar también su identidad.
La Violencia Simbólica contra las mujeres es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
El Diputado Nacional, además, es candidato a senador provincial, cuerpo que cuenta hoy con una sola Senadora, sobre 23 legisladores en total de la Cámara Alta.
Por ello, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que un legislador que representa en el Congreso Nacional a nuestra Provincia, severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país; y con aspiraciones de integrar la Legislatura provincial, siga sin capacitarse y pretenda mantenerse por ese camino.
Grande es representante en uno de los poderes del Estado y además, tiene la responsabilidad de conducir un programa televisivo y radial diario, lo que cual, -de mínima-, implicaría que conozca que todos los medios de comunicación, están contemplados también en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, cuando establece que “la Violencia mediática contra las mujeres es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Este Comité no puede dejar de mencionar su preocupación ante el hecho de que apenas Grande trató de “atorranta” a la Fiscala, el periodista Miranda dijo que “justo estaba hablando de lo que dijo el ministro Pulleiro”, y poco después se sumó Poma, quien consultó sobre la competencia de la causa sobre la que discutían. Es decir, ninguno de los dos comunicadores advirtió al Legislador sobre la violencia ejercida un momento antes contra la Funcionaria del Ministerio Público Fiscal, y en cambio, la toleraron como si nada se hubiera dicho, naturalizando la conducta y lenguaje machista de Grande.
