La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos policiales, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de coautores, en perjuicio de un joven.
Las imputaciones recayeron sobre los efectivos José Rodríguez, José Marti, Yonathan Díaz y Paulo Humano, todos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.
Del requerimiento surgió que en la madrugada del 20 de junio de 2019, cerca de las 2, cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio ubicado sobre calle Tucumán, de Rosario de la Frontera, fue interceptado por dos camionetas, de las que bajaron varios uniformados, quienes lo agarraron por la espalda y lo empujaron contra la pared, donde golpeó la cabeza.
Luego, lo llevaron detrás de la cabina de uno de los móviles, donde lo tiraron al suelo, lo pisaron y le dieron golpes de puño, que le produjeron lesiones en el cuerpo y la cara, que fueron constatadas por certificado médico.
Mientras se encontraban en el hospital para la revisión del médico legal, el padre de la víctima observó a su hijo golpeado en el rostro y comenzó a filmar la situación, por lo que el joven fue llevado hacia un pasillo y fue nuevamente golpeado por los efectivos.
Tras la revisión médica, los efectivos llevaron al detenido nuevamente a la camioneta, donde volvieron a golpearlo y le dijeron “como sos de pu…, tiene que andar defendiéndote tu papito”.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, advirtió que si bien podría haber recaído una sospecha de comisión de un hecho ilícito o no en la víctima, los efectivos policiales claramente excedieron los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, ya que las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante, permitieron sostener un claro abuso en el uso racional de la fuerza y una afectación concreta en el derecho de la víctima.
Surgió así, la atribución de responsabilidad de los acusados, todos ellos con revista en la División Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera, en calidad de coautores, pues mientras algunos de ellos fueron los que propinaron los golpes que causaron las lesiones, el resto se encontraba en la misma posición de garantes, por lo que pudieron evitar los hechos y no desplegaron ninguna acción en tal sentido.
