n el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Tartagal, la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Sandra Mabel Sánchez, dio a conocer su veredicto en el marco de la causa seguida por el robo de agroquímicos a una empresa de la localidad de Embarcación.
En ese sentido, Walter Ernesto Barbero; Víctor Hugo Palomo; Armando Javier Melgarejo; Alberto Martín García; Sebastián Armando Soria; Eduardo Víctor Sosa; y Manuel Edgardo Martínez fueron condenados a la pena de cinco años de prisión efectiva, por ser coautores del delito de robo en despoblado y en banda.
Barbero, Palomo, Melgarejo, Soria y García continuarán detenidos bajo la modalidad de prisión domiciliaria que venían cumpliendo. Martínez y Sosa, por su parte, serán trasladados a la Alcaidía 2 de Tartagal, donde continuarán alojados hasta que se liberen cupos en la Unidad Carcelaria 5 de esa ciudad.
En el mismo fallo, Reyna del Valle Arrieta resultó condenada a la pena de un año de prisión de ejecución efectiva, por ser autora del delito de encubrimiento. La mujer recuperó su libertad una vez finalizada la audiencia, atento al tiempo que llevaba detenida, por lo que se tuvo por cumplida la pena impuesta.
Rodolfo Osvaldo Rivaneira fue condenado por haber cometido los delitos de encubrimiento agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal en concurso real, a la pena de dos años de prisión efectiva y pago de la multa. El hombre también recuperó su libertad al tenerse por cumplida la pena impuesta.
En relación a Manuel Edgardo Martínez, la jueza ordenó que se proceda a la unificación de penas una vez firme la sentencia.
El hecho sucedió en noviembre del 2018 en la localidad de Embarcación. Consta en la causa que los acusados habrían ingresado al predio de la firma Hijos de Salvador Muñoz. Según la acusación fiscal, sustrajeron del lugar cajas de agroquímicos que luego fueron comercializados. Se estimó que los elementos sustraídos tenían el valor aproximado de ocho millones de pesos.
Entre otras cuestiones, la jueza destacó que se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar la condena gracias a la investigación llevada a cabo por la policía en cuestiones digitales, al haber utilizado la tecnología disponible para geolocalizar a los acusados.
