Federico Omar Corbalán (36) fue condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva por delitos de violencia de género y por violar la cuarentena.
Al imputado se le revocó la condicionalidad de una condena anterior y se le unificó ambas penas en el monto de dos años y ocho meses de prisión efectiva.
Corbalán fue condenado en un procedimiento abreviado presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio.
La jueza lo consideró autor de los delitos de lesiones leves agravadas por mediar relación de pareja previa y por el género, privación ilegítima de la libertad, amenazas con armas y violación de las medidas dispuestas por la autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia, en concurso real.
El sujeto fue denunciado por su expareja. La mujer refirió que tiene cuatro hijos en común con Corbalán y que al momento del hecho se encontraban separados desde hacía alrededor de dos años. Contó que ya había sufrido varios episodios de violencia anteriormente.
El 10 de marzo del año pasado, la damnificada se presentó en una dependencia policial a radicar denuncia contra su exmarido. Relató que dos semanas antes Corbalán se había presentado en el domicilio donde ella residía con sus hijos y le había ordenado que se fuera porque la casa era de él. Ella le respondió que le diera tiempo hasta el otro día para buscar dónde vivir con los chicos, pero él se puso violento y la agredió a golpes de puño y con una tijera. Luego la mantuvo encerrada. Al día siguiente, ella le dijo que la dejara salir para comprar algo para cocinar. Él accedió. La denunciante se retiró y sus hijos escaparon por una puerta trasera y pidieron ayuda a policías que se encontraban en un patrullero.
Los efectivos fueron a buscarlo, pero el imputado ya se había ido.
Pocos días después de este suceso, la damnificada se cruzó con Corbalán en barrio Castañares. Él le exhibió un cuchillo, le dijo que era una vigilante porque lo había denunciado y la amenazó advirtiéndole que nadie la iba a salvar y que él la iba a apuñalar.
La jueza ordenó que se le practique examen médico al condenado y que se le extraiga muestra de ADN para su inscripción en el Banco de datos Genéticos.
