Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apuntó contra el ex intendente de Cambiemos por trabajos que iniciaron en 2017 y que nunca finalizaron, a pesar de recibir los fondos del Estado Nacional.
Tras años después, denunciaron que nunca se terminó una obra en el municipio bonaerense de Pilar, donde en 2017 el por entonces intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, recibió 120 millones por parte del Estado Nacional para iniciar el plan de urbanización del barrio Monterrey.
Los trabajos comenzaron el 21 de marzo de aquel año, pero quedaron inconclusas, según se desprende de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que determinó que se fraguaron las certificaciones y que hubo fallas en los controles por parte del Ministerio del Interior, ya que las obras nunca se terminaron.
Las obras incluían asfalto, servicios básicos, plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico. Como no se realizaron, la oposición denunció el caso ante la justicia federal en plena campaña electoral.
Según Infobae, la obra del barrio Monterrey se remonta a fines de 2016, en pleno apogeo de la gestión de Cambiemos. El convenio estipulaba una inversión de $145.733.567 ($140.811.697 para las obras físicas, y $4.921.870 para módulos sociales), presupuesto se ajustó a $120 millones; mientras que el contrato indicaba que las obras debían comenzar 30 días después del primer desembolso y tenían un plazo máximo de doce meses.
El informe de la PIA también enumera una serie de irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA. “Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”.
Además, la PIA indica que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.
“Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
