No hay acusación ni pruebas. Con esta simple pero demoledora conclusión, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa llamada La ruta del dinero. Sucedió que el fiscal Guillermo Marijuan buscó --en su momento ayudado hasta por los fondos buitres-- cuentas en el exterior, sociedades ocultas, bienes no declarados de la vicepresidenta y no encontró nada. También intentó verificar si el patrimonio de Lázaro Báez estaba a nombre de alguna sociedad oscura que pudiese estar vinculada a los Kirchner. No encontró nada. Hizo pozos en la Patagonia, rastreó con scanners las paredes de las viviendas de Cristina y hasta amagó con allanar el mausoleo donde descansa Néstor Kirchner. Y tampoco tuvo resultado alguno. Tras diez años de buscar y buscar, Marijuan --en tono de lamento borincano-- dictaminó que lamentablemente no encontró evidencias y tuvo que pedir el sobreseimiento. La UIF y la AFIP coincidieron en que no tenían elementos para aportar y este lunes, el magistrado, en apenas tres páginas sostuvo que “no habiendo acusación no hay proceso penal posible”. La justicia, alineada con el macrismo, sigue la persecución, tratando de revivir este expediente y, por supuesto, con otros igualitos, igualitos.
EE.UU. no sabe, no contesta
El expediente arrancó como La ruta del dinero K a raíz del programa televisivo de Jorge Lanata en abril de 2013. La investigación estaba centrada en Báez pero, con una maniobra, involucraron a Cristina Kirchner: el arrepentido Leonardo Fariña, guionado por la Agencia Federal de Inteligencia macrista, dijo ante la justicia que “su jefe”, Báez, le contó que había estado en Olivos con la entonces presidenta y que ella le dijo que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le había revelado que él, Báez, estaba sacando dinero al exterior. Cristina le habría preguntado al constructor si eso era verdad.
En base a semejante no-evidencia de un arrepentido, que no presenció nada, sino que dijo que le dijeron, se orientó toda la causa judicial contra la expresidenta. Según admitió Marijuan en su dictamen del 24 de mayo reciente, buscaron dinero, cuentas y sociedades de CFK en Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Belice, Lichtenstein, España, Seychelles, “entre otros países”, sin resultado alguno. La fiscalía y el resto de los organismos del gobierno de Mauricio Macri contaron con la ayuda de los fondos buitres norteamericanos, al punto que la Task Force Argentina, que exigía la rendición del país en el litigio por una pequeña parte de la deuda externa, hasta aportó el nombre de sociedades en Panamá, Nevada y Suiza, que en algunos casos tenían relación con Báez, en especial con sus dos hijos varones, nunca con Cristina. La táctica de los buitres era extorsionar con supuestos hallazgos para que la expresidenta ceda en el pago de lo que esos fondos exigían.
La justicia argentina le preguntó al gobierno de Estados Unidos si existió aquella supuesta advertencia de Estados Unidos a la expresidenta sobre el dinero --31 millones de dólares-- que Báez sacó a Suiza. Washington nunca contestó, nunca aportó prueba alguna.
De manera que Marijúan --ahora feroz e insólitamente criticado por el macrismo-- dictaminó que no encontró ninguna evidencia de que Cristina tuviera relación ni con el dinero que Báez sacó y luego volvió a traer a la Argentina ni con ningún dinero o bien oculto. El problema de Marijuan es que a lo largo de diez años estuvo acompañado de los medios macristas y realizó un gigantesco show persecutorio de CFK.
El macrismo y la venta de humo I
En la inusitada ofensiva contra Marijuan, desatada después que el propio fiscal pidiera el sobreseimiento de Cristina, los exfuncionarios de Mauricio Macri desarchivaron un supuesto informe para sostener la acusación contra CFK. El firmante, Mariano Federici, fue extitular de la Unidad de Información Financiera en tiempos de Macri. Como se sabe, Federici estaba vinculado con el banco HSBC acusado de no haber denunciado operaciones sospechosas del famoso narco denominado Mi Sangre, Henry de Jesús López Londoño, extraditado a Estados Unidos. Aún así, lo bendijeron para el cargo de jefe anti-lavado.
El informe del exUIF sólo menciona generalidades sin evidencia incriminatoria alguna: por ejemplo, dice que Báez construyó el Mausoleo donde descansa Néstor Kirchner, un hecho público y que fue documentado en un trámite de donación en Río Gallegos. Casanello --y también Marijuan-- buscaron más a fondo. El magistrado hizo incluso un detallado análisis del testamento de Báez, que le dejaba todos sus propiedades, sociedades y cuentas a sus cuatro hijos y a su esposa, obligándolos a constituir un fideicomiso con todos los bienes y con la cláusula de que no se podría vender nada por 10 años a contar desde el fallecimiento del constructor. En ese testamento no aparece como beneficiaria ninguna sociedad de ningún paraíso fiscal, lo que podría hacer sospechar que los bienes son de otra persona. O sea, se concluyó que los bienes de Báez son de Báez y fueron embargados por la justicia en las distintas causas.
El macrismo y la venta de humo II
Después del dictamen de Marijuan, apareció en escena una organización no gubernamental constituida en Mendoza por un grupo de exfuncionarios macristas: Bases Republicanas (BR). En la nómina de directivos está Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica a lo largo de todo el mandato de Macri.
BR pidió la nulidad del dictamen de Marijuan y ser tomado como querellante. En la presentación de la semana pasada hizo un copy & paste del texto de Federici. En un escrito de cuatro páginas, Casanello los rechazó como querellantes por los siguientes motivos:
*Para presentarse en una causa judicial, una organización --una ONG, por ejemplo-- debe hacer una asamblea y otorgar un mandato específico. Sucede que esa ONG puede terminar embargada en el expediente y es por eso que involucrarse es una decisión delicada que requiere de una asamblea. No la hubo. Es que hicieron todo a las apuradas.
*Casanello señala que BR se presenta después de diez años, cuando la causa ya no tiene acusador, porque hasta el fiscal pide el sobreseimiento. Ya la defensa se expidió en su momento y aceptar un nuevo acusador, después de diez años, viola todas las garantías.
*Para ser querellante, se requiere ser persona "particularmente ofendida". Es decir, no puede ser una generalidad, tiene que tener un plus por encima del fiscal: ser "quien, de modo especial, singular, individual y directo se presenta como afectado por el daño", transcribió Casanello. Bases no reúne esas características.
Es probable que la ONG se presente ahora en la Cámara Federal para apelar la decisión del juez y ya se sabe que cualquier cosa puede pasar en Comodoro Py. Es una cancha inclinada.
¿The end?
En teoría, la resolución de Casanello termina con la causa judicial contra Cristina. En esencia porque el fiscal pidió el sobreseimiento y se supone entonces que no va a apelar. Tampoco lo harán ni la AFIP ni la UIF. De manera que el fallo quedaría como fallo firme.
Por supuesto que la persecución tiene todavía mucho recorrido. Fue dictada la inexistencia de delito en las causas dólar-futuro, Hotesur-Los Sauces y Memorándum de Entendimiento con Irán. En los tres casos, el aparato macrista de Comodoro Py presentó recursos. Frente a la escandalosa condena en el juicio conocido como Vialidad, corresponde ahora la revisión en Casación. Sucede que allí se declararon competentes dos de los jueces visitantes de Macri, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. “Estamos discutiendo que esos magistrados no pueden intervenir. Este lunes nos presentamos nuevamente en Casación con un recurso de queja, para que otros jueces de Casación resuelvan esta controversia. Veremos qué sucede”, le dijo a Página/12 el abogado de CFK, Carlos Beraldi.
Es una pintura de lo que enfrenta la vicepresidenta: camaristas designados de manera ilegal por Macri; camaristas que iban a jugar al paddle o tomaban la merienda con el expresidente; jueces y fiscales que jugaban al fútbol en la quinta de Macri y, como frutilla del postre, una mayoría en la Corte Suprema decididamente alineada con el macrismo.
