Luego del rechazo del Congreso Nacional al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022; a nivel provincial el Senado analizó el impacto de esta decisión en materia de finanzas y obras previstas para Salta, ya que al no haber alcanzado rango legal tendrán que volver a ser gestionadas. Se ratificó la sesión del cuerpo para este martes.
Ante la decisión adoptada por el Congreso Nacional de rechazar el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2022, la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado se reunió para analizar su impacto en materia de finanzas y obras previstas para Salta, con vistas al tratamiento del proyecto de Ley de presupuesto a nivel provincial, ratificado para este martes a partir del mediodía.
Para ello, en el transcurso de un encuentro del que participaron los legisladores, Marcelo García; Mashur Lapad; Jorge Soto; Sergio Ramos; Miguel Calabró, Fernando Sanz; Leopoldo Salva y Javier Mónico, el cuerpo consultó con el Coordinador General de la Oficina Provincial de Presupuesto, Carlos Hering y el Director General de Ejecución Financiera, Luis Sanmillán.
Ambos funcionarios coincidieron en que, si bien el rechazo del Congreso al proyecto de Ley de presupuesto nacional significará para la provincia tener que volver a gestionar obras y fondos extra que estaban expresamente contenidos en el malogrado proyecto, esto no obliga a replantear el proyecto de Ley de Presupuesto a nivel provincial, dado que en su elaboración solo se incluyeron los recursos generados a nivel local.
Pusieron como principales ejemplos los montos del Fondo compensador del transporte público, que seguirán girándose de acuerdo al presupuesto 2021, es decir en una cifra de 2 mil millones de pesos para Salta, cuando para 2022 había un incremento de 1.200 millones que quedarán pendientes.
También las partidas para grandes obras, por un monto de más de mil millones de pesos, que deberán ser nuevamente gestionadas para incluirlas una por una, cuando figuraban todas en el texto del proyecto.
Y principalmente los recursos tributarios, en especial de Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias, que son coparticipables y que no podrán incrementarse por facultad del Ejecutivo Nacional en el caso del primero, ni ajustarse por inflación en el caso del segundo y cuya merma podría compensarse recién a fin de año, en caso que la inflación proyectada por Nación sea superior al 33% que consignaba el proyecto.
Otro de los impactos de la falta de aprobación del presupuesto nacional es que obliga a las distribuidoras de energía eléctrica a la renegociación de deudas con CAMMESA, cuando tal situación estaba definida a un plazo de 3 años en el texto del proyecto.
Ante esto advirtieron que el texto del proyecto provincial ya preveía tales situaciones que están contempladas a través de la facultad de ajustes por reasignación de partidas.
Esta facultad es importante porque permitió que en 2021 la provincia otorgue un 51% de incremento salarial contra una inflación que se estima rondará un 49%, con lo que por segundo año los salarios superarán al Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo a lo prometido por el gobernador, Gustavo Sáenz, detallaron.
