Karina Cichero respaldó la cautelar de dos organizaciones para que los alumnos sigan en las aulas. La Cámara de Apelaciones resolverá en las próximas horas si hace lugar o no a la medida.
En el gobierno porteño esperan una decisión inminente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sobre el amparo presentado en reclamo de que se mantengan las clases presenciales en Capital Federal.
El tribunal debe definir sobre la medida a la que hizo lugar la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Karina Cichero. La actividad educativa presencial actualmente está suspendida por decisión del Gobierno nacional, como parte de una serie de restricciones que busca mitigar el fuerte impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus.
“Los camaristas pueden dictar su sentencia remitiéndose a lo que opine yo o fundamentarla y dar sus propios argumentos”, pero “el dictamen no hace que mañana abra ninguna escuela”, aclaró Cichero en un diálogo.
Y agregó: “Creo que es verosímil el derecho que plantearon (quienes hicieron la apelación). Es una postura verosímil, al menos en el contexto que puedo opinar y los elementos que están reunidos en la causa”.
En su resolución, Cichero dijo que el recurso fue interpuesto “en debido tiempo y forma”. Además sostuvo que “correspondería hacer lugar a la medida cautelar solicitada” y “disponer la continuidad de la educación presencial en los establecimientos educativos” en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a partir de este lunes.
Es la primera resolución a favor de mantener las escuelas abiertas durante la pandemia, en medio de un creciente reclamo de padres en ese sentido.
Quiénes hicieron las presentaciones
Algunas de las presentaciones contra de las medidas restrictivas las hicieron la ONG Abramos las Escuelas y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP). En los escritos pidieron la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández en cuanto a la suspensión de clases presenciales.
Inicialmente el planteo entró al fuero contencioso administrativo. El juez Marcelo Segón consideró que no tenía que intervenir y pidió que se derivara a su colega Romina Tesone, que se declaró incompetente para resolver sobre el amparo presentado por Defensorías Oficiales.
Entonces se presentó un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones del Consumo. La Sala IV de turno de la Cámara de Apelaciones corrió vista al Ministerio Público, y la fiscal Cichero se manifestó a favor de la continuidad de las clases presenciales.
La fiscal planteó que la ciudad de Buenos Aires “cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción, que en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía”.
Citó “datos e informes vertidos por especialistas en la materia que dan cuenta del hecho que los contagios por Covid-19 no se producen sustancialmente en las aulas, ni que los niños son los principales agentes de contagio del virus”.
En relación al traslado de alumnos a las escuelas, expresó que “la mayoría de los estudiantes, al menos del nivel inicial y primario, concurren a escuelas que se encuentran ubicadas dentro de un radio cercano a sus domicilios”. Fue en referencia a la movilización en transporte público y los eventuales contagios que allí podrían producirse, uno de los puntos que planteó el Gobierno nacional para respaldar la suspensión de clases presenciales.
El planteo del gobierno porteño ante la Corte Suprema En tanto, la semana pasada la administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema un amparo judicial para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país. // El ministerio de Salud bonaerense estima que dentro de 10 0 15 días habrá cerca de 50 mil casos diarios de coronavirus La ciudad de Buenos Aires reclamó que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”. Consideró entre otras cuestiones que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
