Se trata de una cláusula donde la ley argentina habla de “negligencia” y no cuadra con la regla general que propone el laboratorio estadounidense. Los detalles de la modificación clave que abriría la puerta a la vacuna.
La oposición presentó esta tarde en Diputados un nuevo proyecto de ley sobre las vacunas que busca cambiar un artículo de la reglamentación establecida en noviembre de 2020 y fue uno de los motivos que hizo caer el acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer.
Si bien hasta el momento persisten diferentes versiones sobre por qué no llegaron las vacunas de Pfizer a la Argentina, distintos funcionarios de la Casa Rosada explicaron en reiteradas oportunidades que la inclusión de la palabra “negligencia” en el artículo 4°.
Lo que sostiene la reglamentación es que la Argentina acepta hacerse responsable material por las consecuencias no deseadas de la aplicación, excepto que Pfizer -y cualquiera de los otros laboratorios- incurriera en negligencia. Este término disgustó a las autoridades de la compañía, que lo consideraron un concepto muy ambiguo. Entendieron que de esa forma se abría un escenario de posibles demandas hacia la firma y pidieron anular ese punto.
En la presentación de la iniciativa, los diputados afirmaron que el motivo del cambio de la “cláusula negligencia” responde a que “desde el Gobierno Nacional pero especialmente desde el Ministerio de Salud de la Nación y también a través de diversos voceros inoficiosos se ha manifestado, reiteradamente, que es palabra sería el impedimento para suscribir contratos de suministro de las vacunas contra el COVID-19 de uno de los laboratorios más importantes, con mayor capacidad de producción y que está ofreciendo un producto de la mejor calidad disponible”.
“Los representantes del laboratorio Pfizer estaban dispuestos a que estuviesen exceptuados de la autorización los reclamos originados en maniobras fraudulentas o conductas maliciosas pero no los que se generen por “negligencia” de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”, explican en los fundamentos del proyecto desde Juntos por el Cambio.
Los diputados explicaron las diferencias jurídicas entre las acciones negligentes y las fraudulentas: “Toda vez que la negligencia es una omisión que se traduce en un obrar culposo, mientras que el obrar fraudulento y malicioso requiere de conocimiento sobre lo que se está haciendo y de voluntad de realización”.
Juntos por el Cambio presentó una denuncia para que se investigue el caso Pfizer Diputados de Juntos por el Cambio presentaron en los tribunales federales una denuncia penal con el fin que se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 en tiempo y en forma.
La denuncia tiene como objetivo, entre otros, conocer los motivos por los que, y de acuerdo a dichos oficiales, no se llegó a firmar un acuerdo con el Laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas y que podría implicar la comisión de un ilícito penal.
Los diputados firmantes de la denuncia penal, integran el Interbloque de Juntos por el Cambio, son: Omar De Marchi, Waldo Wolff, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sanchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide.
El escrito da cuenta que la República Argentina pudo contar con, por lo menos, y en forma anticipada, 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría, contando solo a Pfizer y la provisión de Fondo Covax, que hubieran evitado muchísimas muertes que efectivamente ocurrieron, ya que personas que se infectaron de Covid-19, pudieron estar vacunados a tiempo. Se informa además, que el laboratorio Pfizer había ofrecido 13,3 Millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna.
La denuncia también pide se investigue el comportamiento de funcionarios públicos que negociaron con laboratorios y actuaron, aparentemente, en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas.
En tanto, los diputados precisaron que el Gobierno Nacional privilegió la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina “socios locales”, dejando fuera a quienes no los tenían (Laboratorio Pfizer) y apuntaron contra Hugo Sigman, que se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas (Sinopharm y AstraZeneca).
En el escrito presentado se pide iniciar una investigación sobre la posible comisión del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; también podrá surgir la posible comisión del delito de tráfico de influencia prevista en el artículo 258 y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248, y luego en los delitos que reprimen los homicidios hay un abanico de posibilidades que van desde el art 84 del CP, que reprime al que por imprudencia, negligencia o impericia causare la muerte a otro, hasta el propio art 80 inc 7. que fija prisión perpetua al que para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.
En síntesis, los denunciantes sostienen que, la gravedad radica en la cantidad de muertes que eran evitables si se compraban las vacunas que estaban disponibles y definitivamente no se compraron.
Por último, se pide que se cite a prestar declaración testimonial a: Alberto Fernandez (Presidente de la Nación), Cristina Fernandez de Kirchner (Vicepresidenta de la Nación), Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete de Ministros), Carla Vizzotti (Ministra de Salud), Gines Gonzalez García (exministro de Salud), y a representantes de distintos laboratorios, entre otros.
