La Moncloa tiene la posibilidad de aplicar el estado de alarma o el artículo 155 de la Constitución, y también puede recurrir al decreto de la llamada ’nueva normalidad’, que contiene un artículo que da encaje a una posible intervención por razones de salud pública.
La disconformidad del Gobierno de España con las medidas que ha adoptado la comunidad de Madrid para atajar los contagios de Covid-19, que considera manifiestamente insuficientes, ha motivado la búsqueda de instrumentos jurídicos para poder intervenir la región y tomar el control.
La Moncloa tiene la posibilidad de aplicar el estado de alarma o el artículo 155 de la Constitución, y también puede recurrir al decreto de la llamada ’nueva normalidad’, que contiene un artículo que da encaje a una posible intervención por razones de salud pública.
Fuentes del Gobierno, sin embargo, reconocen que no se está ultimando ninguna decisión para hacerse con la gestión de la Comunidad, en la que PP y Cs gobiernan en coalición, porque confían en que el Ejecutivo regional ‘rectifique‘ y aplique los mecanismos que defiende el Ministerio de Sanidad. Estos pasan por el cierre de la capital madrileña y también del resto de municipios con una incidencia superior a los 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
‘Todo sería más fácil‘ si desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atendiera los reclamos de Salvador Illa, añaden estas fuentes gubernamentales, que, sin embargo, parece que dan a Madrid un margen de maniobra no muy laxo para rectificar. Porque preguntadas sobre si cabe esperar una decisión sobre la intervención de Madrid antes de la próxima reunión del Grupo Covid-19 de cooperación, que se celebrará el martes, estas fuentes no están en condiciones de descartarla.
Ayuso aceptaría cerrar, pero pone condiciones
Por su parte, la presidenta regional ha puesto sobre la mesa que estaría dispuesta a aceptar el cierre de Madrid, pero si Sanidad establece as mismas reglas para todos.
Ayuso aceptaría cerrar todas las poblaciones de la autonomía con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes si se sigue el mismo criterio en toda España y se hacen PCR en Barajas, Ave y Renfe, según han detallado fuentes del Gobierno regional.
Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que, por su parte, no hay ningún ‘choque‘ con el Gobierno central sino que deciden lo que van a hacer, ‘y ellos tienen que ayudar‘.
Pero la primera reunión del equipo de coordinación se creó el pasado lunes, cuando Sánchez e Isabel Díaz Ayuso escenificaron una tregua política y articularon un espacio de colaboración institucional, no será el martes, sino este lunes. En esta jornada tendrían que celebrarse encuentros de las dos unidades de apoyo que dan cobertura al núcleo de trabajo principal, en el que se sientan, entre otros, los ministros Illa y Darias y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado.
La posibilidad de no recurrir al estado de alarma ni al 155
Si el Gobierno de Sánchez se decidiera a tomar el control de la situación en Madrid, parece que una de las opciones con más puntos es la de recurrir al real decreto ley en el que se desarrolló la llamada ’nueva normalidad’, que se aprobó el pasado junio.
En dicha norma se articuló una salvaguarda para que el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, pudiese actuar sin tener que recurrir a medidas más invasivas como el estado de alarma o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En el real decreto de la llamada ’nueva normalidad’, el artículo 65 se refiere a ‘actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria‘ y detalla que ‘la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas.‘
En caso de urgencia, Sanidad podría actuar y tomar medidas amparadas en una orden ministerial, primero, y luego informar a las comunidades autónomas de las decisiones tomadas.
