El sector es el motor de la economía brasileña y el gran aliado de Jair Bolsonaro, que es el principal político señalado por el asalto a la Casa de Gobierno, el Congreso y la Corte. Ambientalistas acusan a quienes impulsaron la deforestación y la minería ilegal en el Amazonas.
Brasil no es igual este lunes al Brasil que amaneció el domingo. La irrupción de cientos de seguidores de Jair Bolsonaro en el Congreso, el palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema dejó en claro que el bolsonarismo radical no se quedará cruzado de brazos a esperar que Luiz Ignácio Lula da Silva termine su mandato en 2027.
La preocupación es palpable. En el gobierno descuentan que el ala dura de la ultraderecha no parará hasta que se cumpla la premisa plasmada en un tuit por Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, el mismo día de la asunción del sucesor de su padre: “Fora Lula (afuera Lula)”.
El presidente sabe que los responsables del fallido intento golpista no son solo esos cientos que participaron el domingo en la toma de las instituciones que conforman la base de la democracia. Es consciente de que tiene que actuar con firmeza e ir a fondo. Quiere individualizar a cada uno de los financistas de este movimiento que jaquea no solo a su gobierno, sino a todo un país.
En ese escenario, las sospechas apuntan a un sector del agronegocio, el principal motor de la economía y el gran aliado de Bolsonaro durante su mandato. Las miradas apuntan en especial a un grupo beneficiado por la política de deforestación del Amazonas que reinó en los últimos cuatro años y que posibilitó además el auge del “garimpo” (minería ilegal).
Por qué Lula apuntó contra sectores del agronegocio como promotores del intento de golpe Lula prometió un giro de 180 grados en la política ambiental. Designó como ministra a Marina Silva, una ambientalista prestigiosa a nivel mundial, con el fin de alcanzar una “deforestación cero” en el Amazonas. Pero fue más allá: creó un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará a cargo de Sônia Guajajara, una activista aborigen muy reconocida en el país y el exterior.
Esta nueva política oficial causó el rechazo de un grupo del agronegocio. “Con seguridad” esos son algunos de los sectores involucrados en este intento golpista, dijo a TN la coordinadora de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, Ivaneide Bandeira Cardozo. “Pero también se debe apuntar a políticos” que están detrás de todo esto, afirmó.
Lula prometió en un breve discurso el mismo domingo que buscará “descubrir quiénes son los financistas de estos vándalos”. Tras responsabilizar a Bolsonaro, a quien llamó “genocida”, acusó al agronegocio y a las mafias de la minería ilegal de financiar este movimiento golpista. ”Él (por Bolsonaro) estimuló la invasión a los tres poderes siempre que pudo y eso es responsabilidad de él. El agronegocio posiblemente también estuvo allá”, afirmó.
Los grupos bolsonaristas se organizan a través de las redes sociales
El analista brasileño Antonio Lavareda dijo a TN que la justicia deberá investigar a “segmentos del agronegocio” porque “son los financistas de estos radicales. Ellos deben ser investigados. No todo el agronegocio. Solo sectores específicos”, indicó.
Lula señaló que alguien tiene que haber financiado la comida, los viajes y el alojamiento de estos cientos de seguidores de Bolsonaro que acampan en Brasilia tras el balotaje del 30 de octubre.
En ese marco, la activista etnoambiental Bandeira Cardozo dijo que detrás de estos sectores del agronegocio hay políticos que también deben ser investigados. “La actitud de Bolsonaro de mantenerse en las redes sociales como presidente incentiva este tipo de cosas”, señaló.
Además, pidió investigar cómo se organizaron estos sectores golpistas a través de las redes sociales. “Se deberían cancelar las cuentas que promueven el terrorismo. Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes porque desde allí organizan este tipo de cosas”, concluyó.
